La Justicia sanjuanina resolvió este martes la situación de las tres personas que habían sido imputadas por su presunta vinculación con el millonario robo sufrido por la familia Bonanno el pasado 6 de agosto. Ninguno quedó detenido, aunque cada uno recibió una resolución procesal diferente.

La audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria estuvo encabezada por el juez Gerardo Fernández Caussi. Por el Ministerio Público Fiscal intervino Leonardo Villalba, titular de la UFI Delitos Contra la Propiedad, mientras que la defensa estuvo a cargo de la abogada Filomena Noriega.

El principal acusado fue Roberto Maximiliano Castro Pacheco, señalado como quien habría conducido el vehículo utilizado para trasladar a los autores materiales del asalto y luego facilitar su escape. La Fiscalía le atribuyó un robo triplemente agravado por haber sido cometido en banda, mediante escalamiento y por efracción, en calidad de autor.

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La acusación se apoyó, entre otros elementos, en registros de cámaras de seguridad obtenidos en las inmediaciones de la vivienda.

Sin embargo, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. Como Castro Pacheco no tenía antecedentes penales, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, pena que además unificó con otra causa que tramitaba en el CAVIG por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

También se le impuso una prohibición de acercamiento de 300 metros durante dos años tanto respecto de la familia Bonanno como de la víctima de la otra causa.

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Su hermano también evitó la cárcel

Otro de los formalizados fue Nicolás Castro Pacheco, hermano de Roberto. La Fiscalía lo acusó de encubrimiento, al sostener que habría colaborado en el ocultamiento de parte del dinero sustraído.

Durante un allanamiento en su domicilio fueron secuestrados USD 7.600 y un pasamontañas, elemento que los investigadores vincularon con la hipótesis del robo.

Como tampoco registraba antecedentes, Nicolás accedió a una suspensión de juicio a prueba. Entre las condiciones fijadas deberá pagar $100.000 en dos cuotas y tendrá prohibido acercarse al domicilio de la familia Bonanno durante dos años.

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La tercera imputada quedó bajo medidas de coerción

La situación de Fátima Castro Pacheco, pareja de Nicolás, también fue abordada durante la audiencia. La Fiscalía la vinculó al presunto encubrimiento y sostuvo que habría participado en el ocultamiento de parte del botín.

En su caso, se dispuso que sea prontuariada y se estableció un plazo de tres meses para profundizar la investigación. Además, deberá presentarse una vez por semana en una comisaría, entre otras medidas de coerción.

La Fiscalía deberá determinar su situación procesal definitiva una vez que se incorpore el prontuario actualizado y se establezca si cuenta o no con antecedentes.

Los autores materiales serían menores

Durante la audiencia también se conocieron detalles sobre quiénes habrían ingresado efectivamente a la vivienda. De acuerdo con la investigación, los autores materiales serían menores de edad, por lo que su situación quedó en manos de la Justicia de Menores.

Uno de ellos fue identificado por las iniciales P.V.F., conocido como “El Patito”, mientras que otro sospechoso también habría sido individualizado.

La investigación, además, mantiene bajo análisis los vínculos con una joven de apellido Miranda, de 18 años, quien ya había sido formalizada por encubrimiento en relación con este robo y otro ocurrido en una joyería del microcentro.

El millonario asalto

El robo ocurrió durante la madrugada del 6 de agosto, en una vivienda del barrio Villa América, en Capital, donde se encontraba una de las propietarias de la reconocida firma sanjuanina Jugos Bonanno.

Los delincuentes, que actuaron encapuchados, habrían forzado la puerta de ingreso con una barreta o un elemento similar. Una vez dentro, redujeron a la mujer, la golpearon en la cabeza y recorrieron distintos ambientes en busca de dinero.

El botín denunciado fue de USD 25.000 y $3 millones, una suma que en aquel momento representaba más de $40 millones.

Con la resolución adoptada este martes, las tres personas formalizadas por su presunta vinculación con el robo permanecen en libertad, aunque bajo distintas condiciones judiciales. Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando para determinar cómo se organizó el asalto y qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.